Nuevo paso para desbloquear la legalización de la estación de autobuses de Benidorm. Una instalación que sigue en manos del empresario Enrique Ortiz pese al fallo emitido por el Tribunal Supremo (TS) en 2013 que obliga a resolver el contrato con el constructor alicantino por la modificación que hizo en su día sobre el proyecto inicial con el que había obtenido la concesión. Así, la Junta de Portavoces del Consistorio benidormense acordó ayer que el técnico externo que ya tiene contratado el Ayuntamiento para realizar tasaciones de inmuebles municipales sea quien examine con lupa el proceso que realizó el arquitecto municipal, José Luis Camarasa, para valorar en 35 millones de euros el complejo.
La sentencia del TS, que dictamina la resolución del contrato entre Benidorm y Ortiz relativo a la gestión de la estación, obliga al Ayuntamiento a realizar una valoración sobre el coste de la instalación para sacarla de nuevo a explotación.
El problema es que los funcionarios municipales se enredaron a la hora de poner un precio para sacar a concurso público la estación. En un primer momento, el arquitecto municipal tasó en 35 millones el recinto. De hecho, el informe que concretaba esta valoración se aprobó en pleno en septiembre de 2014. Sin embargo, en abril de 2015, el interventor emitió otro informe donde rebajaba la cifra a los 29 millones. La polémica interna estaba servida y la resolución del contrato con Ortiz se quedó encima de la mesa.
Ahora, el gobierno local popular quiere darle un empujón al asunto para legalizar por fin la situación del recinto que sigue gestionado el empresario alicantino. Así las cosas, en un primer momento la edil de Urbanismo afirmó que sería un arquitecto externo, ya contratado por el Consistorio, quien realizara una nueva valoración para acabar con las diferencias económicas entre el arquitecto y el interventor. Aunque, unos días más tarde, el alcalde Toni Pérez propuso contratar una empresa externa con cargo a Ortiz para realizar esta tasación.
«Planteamos esta última opción ante la disconformidad de la oposición de que lo hiciera el arquitecto externo que tenemos contratado pero ahora han decidido aceptar lo que ya propusimos inicialmente», criticó ayer el primer edil.
La decisión de contratar a una empresa externa para realizar la valoración con cargo a Ortiz levantó ampollas entre la oposición y descartaron esta opción. Una situación que dejó el asunto encima de la mesa hace un mes. Pero ayer, la Junta de Portavoces retomó la cuestión y decidió que sea el arquitecto externo ya contratado quien estudie con lupa cómo se realizó la tasación de Camarasa. En función de lo que decidida se aceptará la tasación del arquitecto o se contratará una valoración externa.
El portavoz de Liberales, Gema Amor, recalcó que no dudan de la profesionalidad del arquitecto externo ya contratado. «Lo que denunciamos fue el oscurantismo en el procedimiento de selección», recalcó. El edil de Compromís, Josep Bigorra, valoró positivamente la medida que permitirá «aclarar si los cálculos fueron erróneos».
Vía Diario Información
